100.000 compromisos con Basura Cero. Pedile al Gobierno de la Ciudad que implemente la Ley.
Basura Cero es un concepto y una política integral de manejo de residuos que apunta a reducir progresivamente el enterramiento y la incineración de residuos sólidos urbanos, hasta llegar a cero, adoptando una serie de medidas en cada etapa del circuito de los materiales: desde que se producen hasta que se consumen y desechan. El concepto surge de los modelos de “cero defectos” de la industria japonesa y de “reciclaje total” que comenzaron a utilizar especialistas estadounidenses a principios de los `80 y el término “Basura Cero” ya se usaba en los `90 en Filipinas.
Una variedad de lugares, desde Canberra (Australia), San Francisco, Berkeley, Seattle (Estados Unidos), Columbia Británica (Canadá), hasta Kovalam (India), Kamikatsu (Japón), Candon, Capiz, Pilar, Sorsogon, San Isidro (Filipinas), Palárikovo (Eslovaquia) han adoptado ya el concepto Basura Cero como la dirección que guía sus planes de manejo de residuos/recursos. En cada lugar los planes tienen diferencias, de acuerdo a sus particularidades culturales, sociales, políticas y económicas, pero comparten los puntos esenciales que hacen a una propuesta de Basura Cero.
Un plan de Basura Cero busca aplicar medidas en todo el circuito de los materiales, apuntando por un lado a reducir drásticamente la cantidad y toxicidad de los residuos que generamos y por otro a que todo lo que se deseche vuelva al circuito productivo o a la naturaleza de forma segura.
De esta forma aplica medidas que tienden hacia la Producción Limpia, a la reducción del uso de tóxicos en los procesos de producción, al re-diseño de aquellos productos que actualmente no se pueden aprovechar, al reemplazo de envases y productos descartables y de corta vida útil por otros que se puedan reutilizar, reparar o reciclar. La idea que se encuentra detrás es que todo lo que produzcamos y desechemos debe ser aprovechado nuevamente, y lo que no se puede aprovechar simplemente no debe ser producido. Para incentivar estos cambios incorpora políticas que extienden la responsabilidad de los productores para que se hagan cargo de los impactos que sus productos generan durante todo su ciclo de vida, incluso luego de que son desechados.
También aplica medidas de promoción de la separación en origen, compostaje en viviendas y establecimientos, mecanismos de reutilización de productos usados mediante el trueque, compra-venta, reparación, donaciones, etc., reciclaje de materiales secos y compostaje de materia orgánica o “verde” para obtener un compost que pueda devolver los nutrientes a la tierra.
Estas medidas, combinadas, van generando un circuito de recuperación de los materiales desechados, avanzan hacia la racionalización del consumo, y a la vez impulsan modificaciones en los procesos de producción y el rediseño de los productos que actualmente no se pueden aprovechar. En este sentido, cada medida que se toma disminuye la cantidad de basura que se entierra y va sentando las bases para que el plan avance y se afiance.
El “Plan de Basura Cero para Buenos Aires” de Greenpeace Argentina presentó una serie de pasos para una ley de gestión integral de residuos sólidos urbanos:
Estas medidas, puntos centrales de un plan de Basura Cero, suponen un cambio radical en el concepto de “gestión de residuos sólidos urbanos” y fijan un nuevo destino para los materiales desechados, y las herramientas para llegar al objetivo. Las propuestas del plan fueron acompañadas con experiencias concretas en distintos lugares, y finalmente fueron tomadas por varios legisladores y plasmadas en un proyecto de ley.
En septiembre de 2004, varios legisladores, con apoyo de Greenpeace, la cooperativa El Ceibo y otros representantes del sector no gubernamental, presentaron un proyecto de ley de Basura Cero, titulado Ley de gestión integral de residuos sólidos urbanos.
El proyecto fue debatido en un proceso que duró un año, y llamó a la participación de distintos sectores, desde universidades, organizaciones ambientalistas, representantes de agrupaciones cartoneras, sectores empresariales y gubernamentales.
Tras idas y venidas, y con algunas modificaciones al proyecto original, la ley fue aprobada por unanimidad en noviembre de 2005.